Despenalización y Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: una deuda de la democracia.

Los derechos de las Mujeres son Derechos Humanos

A raiz del debate abierto y el importantisimo paso alcazado en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados/as de la Nación, en la cual se aprobó un dictamen a favor del proyecto de ley presentado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Libre y Gratuito, es que vemos la necesidad de repudiar el accionar del partido oficialista -Frente Para la Victoria- en el abordaje del mismo, y la irresponsable actitud del Diputado Juan Carlos Vega al desconocer tal avance.

El 1º de noviembre asistimos a un día histórico para quienes desde hace años venimos luchando por este derecho; es la primera vez en la historia de nuestro país que el debate se da puertas adentro del Congreso de la Nación. Como antecedentes de esta jornada histórica, podemos mencionar las dos audiencias públicas convocadas a fines del 2010 y mediados del este año, en las cuales las especialistas internacionales Marianne Mollman (representante de Human Rights Watch) y Luz Patricia Mejía (relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) participaron en carácter de expositoras, disertando sobre la necesidad y urgencia de avanzar en la legalización de la IVE en nuestro país, discusión que no hubiera sido posible sin la larga historia de lucha de las mujeres y el actual consenso que existe en nuestra sociedad.

A la convocatoria realizada, luego de muchas idas y vueltas, por el presidente de la Comisión de Legislación Penal –Juan Carlos Vega– asistieron diputados/as de distintos bloques, algunos/as a favor y otros/as en contra de la Legalización de la IVE. A pesar de los intentos y maniobras llevadas adelante por parte de los representantes de los sectores más conservadores de la Cámara (Vega, Bullrich, Hotton, entre otros/as) de deslegitimar lo acontecido en la reunión, la versión taquigráfica confirma que se obtuvo un despacho a favor del proyecto de ley de IVE.

El proyecto dictaminado propone la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las primeras 12 semanas, más allá de ese plazo cuando corriera riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación o de malformaciones fetales graves. Éste fue presentado por la Campaña, y cuenta con la firma de 50 diputados/as de distintos bloques partidarios, siendo la primera la de Juliana Di Tullio, diputada del Frente para la Victoria, ausente en la reunión convocada para tan importante discusión, actitud llamativa para quien se dice ferviente defensora de los derechos de las Mujeres. Si estuvo presente Diana Conti, también oficialista, llevando su propio proyecto, que incorpora la penalización para quien realice una IVE fuera del plazo establecido. Conti finalmente firmó en disidencia el dictamen de la Campaña y se ausentó al final de la reunión de comisión.

A decir verdad no nos extraña la actitud asumida por las diputadas del FPV, ya que la Presidenta de la Nación hizo pública su posición manifestándose más de una vez en contra de la legalizacion de la IVE, llegando a decir que si se lograra aprobar la ley, estaría dispuesta a vetarla. Aquí es donde nos preguntamos si a este gobierno, al que dice importarle los derechos humanos, le importan los derechos humanos de las mujeres.

Nos caben dudas de que la Presidenta no sepa cual es la realidad que vivimos las mujeres en nuestro país, basta leer los diarios para saberlo; pero si está claro que las problemáticas que nos afectan, como la clandestinidad de la IVE, no entran en la agenda del Ejecutivo; las declaraciones de la diputada Conti, del Ministro de Justicia Julio Alak, y el ameno encuentro de la presidenta con el arzobispo Arancedo, así lo confirman.

Sin ir más lejos, los femicidios (expresión máxima de la violencia ejercida contra las mujeres por su sola condición de género) aumentan año a año en la Argentina, y aún no se ha reglamentado ni implementado la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales.

Todos los días desaparecen mujeres y niñas en manos de las redes de trata para ser sometidas a explotación sexual (flagelo que no sería posible sin la complicidad de los poderes de turno) y la prevención y combate de este delito por parte del gobierno es insuficiente.

Podríamos seguir enumerando otras tantas discriminaciones que sufrimos las mujeres en nuestro país y que parecieran no importarle al gobierno, pero podemos resumir las mismas en el escaso presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano máximo que asume la responsabilidad de velar por nuestros derechos.

Reafirmamos entonces que no nos sorprende la actitud asumida por el kirchnerismo en el debate acerca de garantizarnos a las mujeres el derecho a no morir en la clandestinidad y nos preguntamos: ¿cuántas mujeres más deben morir para que el Estado se haga presente y asuma la responsabilidad que le cabe?

Las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud reflejan que la clandestinidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es la principal causa de mortalidad materna, que alrededor de 500.000 mujeres interrumpen año a año embarazos no deseados y al menos 80.000 llegan con complicaciones postabortos a las guardias de los hospitales públicos.

La realidad también nos dice que son las mujeres más pobres y jóvenes las que mueren por esta causa y que la penalidad de la misma no nos persuade de no llevarla adelante.

El 2012 encontrará al oficialismo con mayoría parlamentaria, no habrá excusas ni cucos para avanzar en la igualdad de derechos si es que verdaderamente existe la intención de hacerlo.

Desde la responsabilidad que hoy nos toca asumir en el Congreso de la Nación seguiremos impulsando el debate y la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una deuda de la democracia.

Movimiento Libres del Sur